Raúl Martínez

Es fascinante que se utilice el argumento de que llevamos 50 años advirtiendo de la insostenibilidad de las pensiones como prueba de que los economistas somos unos agoreros. Lo que se omite es que llevamos casi 50 años reformando el sistema precisamente para corregir sus desequilibrios. En 1985 se endurecieron los requisitos de cotización. En 1997 se amplió el periodo de cálculo y se avanzó en la separación de fuentes de financiación, hasta sacar el gasto sanitario de las cuentas de la Seguridad Social. En 2011 se elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años. En 2013 se introdujeron mecanismos automáticos de ajuste. Y en 2021 y 2023 se apostó por aumentar las cotizaciones y las transferencias del Estado. Y eso de que las pensiones no restan recursos a los Presupuestos es directamente falso. Desde 2005, el Estado ha transferido unos 320.000 millones de euros, a precios de 2021, para financiar Clases Pasivas, complementos y otras partidas contributivas y extraordinarias. Y el déficit contributivo ya ronda el 4% del PIB. Que hayamos conseguido seguir pagando las pensiones gracias a sucesivas reformas y a una financiación pública creciente no demuestra que los desequilibrios fueran inventados. Demuestra exactamente lo contrario. Es como presumir de que un edificio nunca tuvo problemas estructurales después de llevar cuarenta años apuntalándolo.