Cuenta oficial de la Fiscalía General de la Nación. Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.
Colombia
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Dos uniformados de la Policía Nacional, señalados de exigir dinero a un ciudadano a cambio de revelar información reservada sobre una investigación por narcotráfico y un proceso de captura con fines de extradición que supuestamente se adelantaban en su contra, en hechos ocurridos entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 en Cali (Valle del Cauca), fueron judicializados. Se trata del subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas, quienes fueron imputados por el delito de concusión.
La investigación estableció que los procesados habrían ingresado a un conjunto residencial en el sur de Cali con el pretexto de verificar un caso de maltrato infantil, sin embargo buscaban identificar al ciudadano. Nueve días después, presuntamente regresaron para exigirle dinero a cambio de entregarle detalles sobre los procesos.
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Los vertimientos de residuos peligrosos que estarían llegando al canal hídrico Policarpa, que desemboca en la bahía de Cartagena (Bolívar), dejaron en evidencia la actividad ilegal de una empresa dedicada a la recolección y tratamiento de residuos de petróleo, aceites y desechos sólidos. Desde su sede, ubicada en el barrio Arroz Barato, arrojaba material que afectaban la flora, la fauna, el suelo y el agua.
Los peritajes evidenciaron que las descargas estarían causando afectaciones en la salud de los habitantes, pues usaban el agua contaminada para cubrir sus necesidades básicas. Además, se acreditaron daños en el ecosistema, desaparición de especies animales y vegetales, y pérdida de nutrientes y disminución de la fertilidad en el terreno. La Fiscalía documento que en, al menos, cinco oportunidades el Establecimiento Público Ambiental (EPA) suspendió la operación, sin embargo continuó con sus actividades industriales.
En una diligencia de allanamiento y registro ordenada por una fiscal especializada de la Seccional Bolívar fueron capturadas cinco personas entre ellas Omar Arturo Gutiérrez Florián, representante legal de la compañía. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, el delito de contaminación ambiental y al administrador se le atribuyeron circunstancias de agravación.
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#Las5DeLaSemana | Estas son las noticias más destacadas en la Fiscalía General de la Nación.
Una diligencia de embargo y secuestro por presuntos arriendos sin pagar permitió hallar armas y municiones en la casa donde residía la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra, en el sector Pance en Cali. Durante el procedimiento encontraron 977 cartuchos calibre 5.56 en un clóset y, posteriormente, un fusil Colt de fabricación estadounidense, dos pistolas Glock calibre 9 mm, cargadores, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser.
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Durán Bocanegra manifestó que no tenía permisos para mantener el armamento y fue capturada en flagrancia. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. No aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La investigación continúa para establecer el origen y la destinación de los elementos encontrados.
Movimientos de dinero desde las cuentas de la Asamblea Departamental de Amazonas hacia una cuenta personal, sin soportes contables ni administrativos, dejaron al descubierto la presunta apropiación de 1.254 millones de pesos de recursos públicos por parte de su exsecretario general, Luis Antonio Rocha Santos. La Fiscalía lo imputó por peculado por apropiación agravado. El exfuncionario aceptó el cargo.
Información completa aquí: tinyurl.com/5e4fzkye
Entre mayo y diciembre de 2025, las transferencias investigadas pasaron de montos cercanos a 5 millones a sumas de hasta 17 millones pesos. El análisis criminal, las herramientas tecnológicas y los peritajes contables permitieron conocer que las operaciones no tenían documentos que las justificaran. El exsecretario general fue capturado por el CTI y la Policía Nacional en el aeropuerto de Leticia, tras llegar de Bogotá.
Los estudios forenses, los registros de telefonía celular y los videos de cámaras de seguridad, entre otras actividades de policía judicial, fueron determinantes para avanzar en la investigación por la muerte de una mujer en estado de embarazo, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 15 de marzo en inmediaciones del parque La Joya, en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.
El análisis de estos elementos permitió a la Fiscalía reunir evidencia que vincularía a Luis Fernando Vásquez Moreno con el crimen de su pareja.
Durante la investigación, la Fiscalía documentó un contexto de violencia física y psicológica contra la víctima. Los elementos materiales probatorios indican que la mujer habría sido golpeada reiteradamente con objetos contundentes y posteriormente murió por asfixia.
Los videos de cámaras de seguridad también darían cuenta de lo que habría ocurrido después del crimen: el procesado presuntamente transportó el cuerpo de la mujer en un carro de mercado y lo abandonó en el sitio donde fue hallado por las autoridades. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Vásquez Moreno los delitos de feminicidio agravado, tortura agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Información completa aquí: tinyurl.com/36x3ehhn
Un conductor de una plataforma digital de transporte fue judicializado por presuntamente agredir sexualmente a una joven de 18 años durante un servicio solicitado para desplazarse de Bogotá a Cajicá (Cundinamarca). Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 19 de octubre, cuando Omar Francisco Rodríguez Baptista, de 60 años, habría realizado insinuaciones y comentarios de tipo íntimo sobre la apariencia de la víctima durante el recorrido y, al llegar al destino, al parecer, la agredió sexualmente. La Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento, cargo que no aceptó.
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Durante más de 10 años, una mujer habría sido víctima de un ciclo de violencia por parte de su excompañero sentimental en Puerto Asís (Putumayo). El caso más reciente ocurrió el pasado 18 de septiembre, en el barrio El Jardín, cuando el señalado agresor, en estado de embriaguez, ingresó a la vivienda donde descansaba la víctima, de 26 años, y al parecer la golpeó en varias ocasiones. Posteriormente, habría esparcido gasolina en el inmueble y le prendió fuego cuando se encontraba vacío. Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Putumayo le trasladó escrito de acusación por los delitos de violencia intrafamiliar agravada e incendio. El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
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Ganancias ilícitas que superarían los 90 millones de pesos mensuales habría obtenido ‘Los Zorros II’, un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes en Soacha (Cundinamarca), Sabaneta (Antioquia) y Bogotá. La Fiscalía documentó más de 20 eventos ilícitos en los que estarían involucrados seis de sus presuntos integrantes, quienes fueron capturados y judicializados. Entre los procesados están Juan Fernando Jiménez Mazzo, alias Chacal, señalado cabecilla, y Alba Cecilia Mazo García, posible coordinadora de las rentas ilegales.
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Tiburones martillo, tigre, sedosos, zorro, cobrizos y puntas negras estarían entre las especies a las que corresponderían las 4.235 aletas cercenadas halladas en un establecimiento de comercio en Tumaco (Nariño), en la incautación más grande de este material realizada en Colombia. Las evidencias indican que las aletas provendrían de más de 1.000 tiburones y serían llevadas a Ecuador para su comercialización.
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Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos judiciales relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y lavado de activos.
Siete de los detenidos son solicitados por una Corte del Distrito de Puerto Rico. El uso de tokens, las transferencias a terceros y los depósitos fraccionados a cuentas, hacen parte de los mecanismos financieros que estas personas habrían utilizado para movilizar, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. Entre los siete capturados está Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o Gallo, señalado como presunto cabecilla de la organización.
El octavo capturado es solicitado por una Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, a traves de operaciones con criptomonedas. De acuerdo con la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en transacciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.
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