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República de Colombia
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En la Defensoría del Pueblo estaremos acompañando las movilizaciones convocadas para hoy, 14 de octubre, haciendo seguimiento a la actuación de las autoridades, promoviendo la mediación y atendiendo las situaciones que puedan poner en riesgo los derechos humanos.
Proteger el derecho a la protesta no significa tolerar actos de violencia ni desconocer los derechos de terceras personas. Las autoridades tienen el deber de prevenir daños graves y actuar frente a conductas violentas. Pero esas intervenciones deben ser individualizadas y no pueden traducirse en la restricción indiscriminada de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente.
Hacemos también un llamado a que el lenguaje de las autoridades y de quienes lideran las movilizaciones contribuya a la convivencia y no a la confrontación. Las diferencias políticas no pueden dar lugar a la estigmatización, las amenazas o la descalificación de quienes piensan distinto. La responsabilidad de todos los actores es contribuir a que esta jornada transcurra sin violencia.
La fortaleza de una democracia se demuestra también en su capacidad de garantizar el derecho a disentir: proteger a quienes protestan y a quienes no lo hacen son obligaciones que deben cumplirse simultáneamente, con responsabilidad y respeto por la Constitución.
Leer pronunciamiento aquí 👉🏽 defensoria.gov.co/web/guest/…
Ver pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, @MarnIris, aquí.
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¿Qué significa que un Pueblo entero desaparezca?
El Pueblo Hitnü, asentado en la Selva del Lila, en el departamento de Arauca, fue declarado en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional en 2010, debido al conflicto armado, el desplazamiento forzado, el confinamiento y la pérdida de sus prácticas tradicionales.
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Desde la Defensoría del Pueblo, mantenemos un seguimiento y acompañamiento permanente a la situación de este Pueblo, mediante acciones de atención integral, fortalecimiento de capacidades para la formación y autoprotección, cumplimiento de medidas cautelares y articulación institucional.
Resaltamos su cultura, sus conocimientos propios, su manera de ver y habitar el mundo, e insistimos en medidas de protección y seguridad para este Pueblo.
Escuchamos en Neiva, Huila, a más de 50 firmantes de paz, quienes compartieron sus experiencias, avances y expectativas frente a la implementación del Acuerdo de Paz. 🕊️✍🏻
Durante el diálogo abordamos temas relacionados con el acceso a tierras, proyectos productivos, salud, vivienda, educación, protección, seguridad jurídica y participación política.
La jornada se desarrolló durante la Mesa Territorial de Reincorporación y sus aportes contribuyen al diagnóstico que adelantamos con ocasión de los 10 años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno nacional y las extintas Farc-EP.
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En el espacio también participaron Personería, @HuilaGob, @PoliciaColombia, @ARNColombia, @PGN_COL, @SENAComunica y @UNPColombia, entre otras entidades.
Continuaremos escuchando a las y los firmantes de paz y acompañando sus procesos de reincorporación, con el propósito de contribuir al cumplimiento del Acuerdo y a la consolidación de la paz.
Realizamos una visita al proyecto del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) en Sabanas de San Ángel, Magdalena, para verificar los avances en los diferentes frentes de obra, las condiciones de seguridad y las principales dificultades que inciden en su desarrollo.
Esta actuación se adelantó desde un enfoque de derechos humanos, orientado a verificar las condiciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y el cumplimiento de los estándares constitucionales aplicables al sistema penitenciario y carcelario.
La captura de cuatro policías por su presunta responsabilidad por la muerte de Donovan Balanta es un avance importante en el camino hacia el esclarecimiento de los hechos y la justicia que reclama su familia y la sociedad.
Confiamos en que las investigaciones continúen avanzando con rigor, independencia y respeto por el debido proceso, que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar y que se esclarezca si existieron conductas de discriminación o perfilamiento racial.
Hacemos un llamado a la @PoliciaColombia a garantizar que todos sus procedimientos se desarrollen dentro de los límites constitucionales, sin reproducir la discriminación y violencia racial de nuestra sociedad, y con pleno respeto por los derechos humanos. La Fuerza Pública debe ser una garantía de protección, no un factor de inseguridad.
Expresamos nuestra profunda preocupación por las amenazas de muerte denunciadas contra Yessika Hoyos Morales del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Candelaria Barrios Acosta, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro, integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), capítulo Sucre.
Según la denuncia del CAJAR, las amenazas fueron recibidas el 18 de octubre y estarían relacionadas con la reciente condena judicial por la masacre de La Guaripa, ocurrida en Sucre en 2018, un proceso en el que las personas amenazadas han acompañado la búsqueda de justicia de las víctimas.
Leer pronunciamiento aquí 👇🏽
Urge atención a la emergencia en mina de oro en Iscuandé, Nariño
Expresamos nuestra profunda preocupación por el deslizamiento de tierra ocurrido esta mañana en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, que habría dejado un número importante de víctimas, aún por confirmar.
La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios, especialmente:
- Apoyo aéreo de las Fuerzas Militares para el rescate y traslado de personas heridas.
- Activación de la red hospitalaria y evaluación del traslado del buque hospital Benkos Biojó ubicado en Guapi para brindar atención médica en la zona.
- Presencia de Medicina Legal para la identificación y manejo digno de los cuerpos de las personas fallecidas.
- Coordinación de los organismos de gestión del riesgo para las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria.
Ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona, insistimos en la necesidad de garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas. Todos los esfuerzos deben concentrarse ahora en proteger la vida y atender esta emergencia.
Participamos en el Equipo de Acción Inmediata (EAI), en Santa Marta (Magdalena), donde presentamos recomendaciones para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, la violencia sexual relacionada con el conflicto armado y otras vulneraciones de sus derechos.
Destacamos la importancia de incorporar el enfoque étnico, reconocer los sistemas propios de protección y fortalecer las estrategias de prevención en entornos digitales.
Asimismo, promovimos la articulación interinstitucional para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y propusimos acompañar el piloto de prevención comunitaria planteado por la Alta Consejería para la Paz Distrital.
Participamos como garante en la Asamblea de Elección de los miembros de la Comisión Consultiva Departamental del Pueblo Raizal, realizada en la isla de San Andrés, para el periodo 2026-2030.
Durante la jornada, acompañamos la instalación, la verificación de asistencia y de participantes habilitados, la postulación de organizaciones, la elección, el escrutinio y la consolidación de resultados, bajo criterios de transparencia y participación.
Acercamos nuestros servicios de atención y orientación a 315 víctimas del conflicto armado en Guaranda (Sucre), mediante tres jornadas descentralizadas realizadas en el corregimiento de Puerto López, el polideportivo de Palmaritico y la Biblioteca Municipal del casco urbano.
Durante estos espacios, brindamos información sobre las rutas institucionales y los mecanismos disponibles para acceder a las medidas de atención y protección de sus derechos.
Con estas acciones, facilitamos el acceso de las comunidades a la oferta institucional y promovimos el ejercicio efectivo de sus derechos.
Participamos en Sincelejo (Sucre) en la Gran Reclamatón Jurídica Sucreña, una jornada de asesoría gratuita orientada a brindar información y acompañamiento a la ciudadanía sobre los mecanismos disponibles para defender sus derechos como usuarios del servicio de energía eléctrica.
Durante la actividad, promovimos el acceso a la justicia y el trabajo articulado entre instituciones para atender las necesidades de la comunidad y contribuir a la búsqueda de soluciones frente a las dificultades relacionadas con la prestación del servicio.
Defensoría del Pueblo retweeted
📢 ¡La prevención es el instrumento más eficaz para salvaguardar la vida e integridad de las comunidades!
Emitimos la Alerta Temprana (AT) 024 de 2026 para Magangué, Bolívar.
La presencia, expansión y consolidación hegemónica del autodenominado EGC, también conocido como Clan del Golfo, tienen en grave riesgo a la población de este municipio.
Las lideresas y los líderes sociales, así como las víctimas del conflicto armado, enfrentan un mayor riesgo. Esta situación también afecta a 15 consejos comunitarios afrodescendientes y 11 cabildos indígenas de los pueblos Zenú y Malibú, además de personas pescadoras y defensoras del ambiente.
Ante esta situación, formulamos 32 recomendaciones de carácter preventivo y humanitario, entre ellas la implementación de programas urgentes para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, y puesta en marcha de rutas de protección colectiva e individual para la población en riesgo.
👉🏽 Leer más aquí: defensoria.gov.co/web/guest/…
📢 ¡La prevención es el instrumento más eficaz para salvaguardar la vida e integridad de las comunidades!
Emitimos la Alerta Temprana (AT) 024 de 2026 para Magangué, Bolívar.
La presencia, expansión y consolidación hegemónica del autodenominado EGC, también conocido como Clan del Golfo, tienen en grave riesgo a la población de este municipio.
Las lideresas y los líderes sociales, así como las víctimas del conflicto armado, enfrentan un mayor riesgo. Esta situación también afecta a 15 consejos comunitarios afrodescendientes y 11 cabildos indígenas de los pueblos Zenú y Malibú, además de personas pescadoras y defensoras del ambiente.
Ante esta situación, formulamos 32 recomendaciones de carácter preventivo y humanitario, entre ellas la implementación de programas urgentes para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, y puesta en marcha de rutas de protección colectiva e individual para la población en riesgo.
👉🏽 Leer más aquí: defensoria.gov.co/web/guest/…
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#Catatumbo
A esta hora se reportan combates entre el Frente 33 y el ELN en la Vereda Corinto del corregimiento de San Martín de Loba, Sardinata y en Campo Tres del municipio de Tibú.
Estamos en seguimiento con las autoridades locales.
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Hoy, desde el mediodía, cerca de 500 personas se manifestaron frente al Museo Nacional, en Bogotá. Han ejercido legítimamente su derecho a expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras removidas del Museo.
A esta hora el reporte indica que la manifestación ha transcurrido de manera pacífica.
A propósito de las discusiones sostenidas en las instancias de coordinación con la Policía Nacional, tanto hoy como el miércoles pasado, no sobra recordar que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías pueden hacer parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, cuyo carácter pacífico no se pierde por las afectaciones a la movilidad.
Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una manifestación.
Expresamos nuestra preocupación por el excesivo despliegue de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), incluido un vehículo lanza agua, cuya presencia consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación. La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse.
Si bien el Decreto 1525 de 2026 permite dicha proximidad, esta debe evaluarse en función de la necesidad y el contexto.
Hacemos un llamado a las autoridades a respetar plenamente el derecho a la protesta pacífica, a no abordarlo como un riesgo de orden público, a adoptar alternativas para gestionar la movilidad —como de hecho se ha hecho hoy en Bogotá— y a evitar actuaciones policivas que puedan provocar confrontaciones.
@Bogota
@policia
@mindefensa
@MinInterior
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Comunidades del occidente del departamento del Huila están en riesgo tras la reciente escalada de violencia.
Los ataques con explosivos lanzados desde drones en Aipe, Palermo, Teruel y la zona rural de Neiva, así como el hostigamiento en Íquira, han generado temor y afectaciones a las comunidades. Estos riesgos ya habían sido advertidos en nuestra Alerta Temprana 016 de 2026.
Exigimos a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil y llamamos a las autoridades a adoptar medidas urgentes de prevención y atención.
Leer pronunciamiento completo aquí👇🏽
Algunas cifras:
➡️ El 93,6% de las personas detenidas en los CDT visitados presentó una estancia entre más de 36 horas y un años.
➡️ El 43,7% de las personas detenidas convive con enfermades crónicas que requieren tratamiento farmacológico permanente.
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Desde la Defensoría del Pueblo avanzamos en el seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) del sistema penitenciario y carcelario.
Asimismo, promovemos una política criminal con enfoque diferencial, fortalecemos las capacidades para prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes, y acompañamos casos que requieren acciones urgentes para la garantía de derechos.
➡️ Conoce más aquí: defensoria.gov.co/web/guest/…
